En la Ciudad de Corrientes, a los cinco (05) días del mes de febrero del año dos mil catorce, encontrándose reunidos en la Sala de Acuerdos de la Sala IV de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, la Señora Presidente de Cámara Doctora MARIA EUGENIA SIERRA DE DESIMONI y los Señores Vocales, Doctores CARLOS ANÍBAL RODRÍGUEZ y DIEGO ROSENDO MONFERRER, asistidos del Secretario autorizante, tomaron en consideración el Expediente Nº 63375, caratulado: "OJEDA OSVALDO LEONARDO C/AGUAS DE CORRIENTES S.A. S/SUMARISIMO", venido a conocimiento de la Alzada en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 111/113, por el apoderado de la parte demandada, contra el Fallo Nº 26 del 03 de abril de 2013 de fs. 105/107; dictado por la Señora Juez Civil y Comercial N° 6 Doctora Patricia Alvarez Marasco.- 

Practicado oportunamente el correspondiente sorteo a fin de establecer el orden de votación de los Señores Camaristas, resultó el siguiente: Doctor CARLOS ANIBAL RODRIGUEZ en primer término y Doctor DIEGO ROSENDO MONFERRER en segundo término (fs. 140).- 

A continuación, el Señor Vocal Doctor CARLOS ANIBAL RODRIGUEZ formula la siguiente: 

R E L A C I Ó N D E L A C A U S A: 

La Señora Juez "a quo" ha relacionado detenidamente en su fallo los antecedentes obrantes en autos. A ellos me remito "brevitatis causae". 

La misma dictó el siguiente fallo, el que trascripto en su parte pertinente dice: "Nº 26 - Corrientes, 03 de abril de 2013 . FALLO: 1) Hacer lugar a la demanda promovida por Osvaldo Leonardo Ojeda contra Aguas de Corrientes S.A. y en consecuencia determinar que la empresa "Aguas de Corrientes S.A." debe hacerse cargo de los gastos que originó la total reparación de la red cloacal domiciliaria correspondiente al Sr. Osvaldo Leonardo Ojeda (N° de reclamo 01289562 del Medido Y04L093484 - Cuenta N° 10059347. 2) Costas a cargo de la demandada perdidosa -art.68 deñ CPC y C.".- 

Interpuesto y substanciado el recurso, el mismo es concedido en relación y con efecto devolutivo (fs. 118). 

Remitidos los autos, los mismos son recibidos y quedan radicados en esta Sala IV. A fs. 136 se llaman Autos, integrándose la Sala con sus Vocales Dr. Diego Rosendo Monferrer y el suscripto y la Presidencia de la Dra. María Eugenia Sierra de Desimoni. Dicha integración una vez notificada a las partes se halla firme y consentida y la causa en estado de dictar Sentencia, pasándose los autos a estudio del vocal que debe emitir voto en primer término. 

El Señor Vocal Doctor DIEGO ROSENDO MONFERRER presta su conformidad a la precedente relación de la causa. 

Seguidamente, la Sala IV de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial plantea las siguientes 

C U E S T I O N E S : 

PRIMERA: ¿Es nula la sentencia recurrida? 

SEGUNDA: ¿Debe ser confirmada, modificada o revocada? - 

A LA PRIMERA CUESTIÓN EL SEÑOR VOCAL DOCTOR CARLOS ANIBAL RODRIGUEZ DIJO: El recurso de nulidad no fue interpuesto juntamente con el de apelación y tampoco se sostuvo la nulidad insita en aquella (Arts. 254 del C.P.C.C.). 

No advirtiéndose vicios o defectos en el pronunciamiento dictado que provoquen avocamiento de oficio, no corresponde declaración de nulidad alguna. 

A LA MISMA CUESTION EL SEÑOR VOCAL DOCTOR DIEGO ROSENDO MONFERRER DIJO: Que adhiero al voto que antecede y me expido en idéntico sentido.- 

A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL SEÑOR VOCAL DOCTOR CARLOS ANIBAL RODRIGUEZ DIJO: 1.- Contra la Sentencia N° 26 del 03 de abril de 2013 obrante a fs. 105/107 el apoderado de la parte demandada interpone recurso de apelación (fs. 111/113) el que previa sustanciación (fs. 114) y sin que el traslado conferido fuera contestado, fue concedido en relación y con efecto devolutivo por Providencia N° 11.800 de fs. 118. 

Encontrando cumplidos los recaudos formales de admisibilidad del medio de impugnación incoado:plazo, legitimación y fundamentación, corresponde ingresar a su análisis sustancial.- 

2.- LOS HECHOS INVOCADOS EN LA DEMANDA: Analizadas las constancias de autos se advierte que a fs. 2/8 se inicia la presente acción contra Aguas de Corrientes S.A. a fin de que ésta proceda a la inmediata reparación del servicio de cloaca en el domicilio del accionante, sin cargo alguno a su parte. 

Manifiesta la parte accionante que habiendo detectado una obstrucción de dicho servicio efectuó reclamo a la empresa prestataria del mismo quien concurrió a su domicilio y constató que la conexión cloacal se había desplazado en la vereda debido al crecimiento de la raíz de un árbol, lo que produjo la rotura de los caños cloacales y el estancamiento de los fluídos lo que, a su vez, llevó a la privación del uso de los sanitarios por parte de todo su grupo familiar. - 

Señala que una vez confeccionado el informe técnico, la empresa demandada le intimó a suscribir un pagaré por la suma de $ 4.867,50 para hacer frente a los gastos de reparación y dada su calidad de jubilado y el escaso monto de sus haberes, se encontraba imposibilitado de hacer frente a tal erogación, a lo que debe sumarse que tampoco correspondía que hiciera frente a la misma pues es la empresa concesionaria del servicio la que debe efectuar la reparación y sin cargo alguno por tratarse de un desperfecto que se halla en la vía pública. 

Acompaña prueba documental y solicita se haga lugar a la medida cautelar innovativa peticionada y luego, a la acción de amparo intentada, con costas. 

El magistrado de grado dispuso que la causa tramitaría conforme las normas del proceso sumarísimo y en consecuencia, corrió traslado de la demanda (fs. 28). 

3.- DE LA CONTESTACION DE LA DEMANDA: A fs. 40/42 vta. se presenta la parte demandada, quien niega los hechos expuestos en el escrito inicial salvo los que expresamente en ese acto reconoce.Reconoce haber recibido el reclamo efectuado por el accionante por la obstrucción del servicio cloacal pero niega que el desplazamiento detectado por su mandante se haya debido al crecimiento de la raíz de un árbol. Reconoce que se constató la rotura del caño cloacal "que sale del inmueble de la actora y se encuentra en la calzada" pero argumenta que tal obstrucción se debió al mal uso de las instalaciones por parte del usuario. - 

Señala que conforme a la normativa vigente y en particular el Decreto Nro. 4026/83, las conexiones de agua corriente y cloacas para cada inmueble son a cargo del propietario; normativa que también contempla las obligaciones a que se someten éstos en cuanto al modo de uso como asimismo con respecto a la carga de soportar los costos en casos de reparaciones.- 

Ofrece pruebas documental (acompañada), testimonial e informativa y solicita el rechazo de la acción instaurada, con costas.- 

4.- LA SENTENCIA: A fs. 105/107 obra agregada la sentencia dictada en autos que hace lugar a la acción interpuesta y en su mérito, ordena a Aguas de Corrientes S.A. a hacerse cargo de los gastos que originó la total reparación de la red cloacal domiciliaria correspondiente al accionante. 

Para así decidir el sentenciante consideró que en el caso se hallan cumplidos los recaudos procesales para la procedencia de la acción de amparo -entre particulares- intentada en tanto se encuentra en juego un derecho constitucional reconocido, cual es el derecho a la salud. - 

Estimó que no obstante lo dispuesto por el "Reglamento para las Instalaciones Sanitarias Domiciliarias e Industriales" (Decreto N° 4026), en cuanto prevé que los costos de reparación del sistema cloacal deben ser pagados por el propietario, dichas normas deben ser interpretadas en consonancia con la Ley de Defensa del Consumidor y conforme a ella, determina que en el caso debe presumirse que la falla debe ser imputada a la empresa prestadora.- 

5.- AGRAVIOS DE LA PARTE APELANTE: Disconforme con dicha decisión la parte demandada interpone el recurso de apelación en análisis.Se queja por la incorrecta valoración de la traba de la litis pues -dice- mal puede condenarse a su parte en base a una presunción iuris tantum prevista en el Art. 30 de la Ley de Defensa del Consumidor cuando la litis había quedado trabada en una cuestión de derecho y no de hecho. También porque no se valoró de manera integral la prueba rendida y por la incorrecta aplicación de la norma jurídica y por último se agravia de la imposición de costas al considerar que las mismas debieron ser impuestas por su orden, atento a la forma en que fue resuelta la cuestión.- 

6.- LA RESOLUCION DEL CASO: Delimitado así el "thema decidendum" considero que el recurso interpuesto deberá ser desestimado en cuenta que se trata de derecho humano fundamental mencionado por el accionante -derecho a la salud- y dentro de ella el "derecho al saneamiento ambiental". 

Como lo resalté en varios fallos que tratan la cuestión, la Asamblea General de la ONU reconoció el 28 de Julio de 2.010 el acceso al agua potable y al saneamiento ambiental como derechos humanos básicos. En una resolución adoptada por 122 votos a favor, ninguno en contra y 41 abstenciones, la Asamblea estipuló también que el acceso a los servicios sanitarios básicos es un derecho humano en vista de que la contaminación del agua es una de las principales causas de mortalidad en los países más pobres. En dicha Asamblea la representante de Argentina, ministra Ana María Bianchi explicó el voto a favor de su país diciendo: "La Argentina entiende que es una de las responsabilidades principales de los Estados asegurar a sus habitantes el derecho al agua como una de las condiciones fundamentales para garantizar el derecho a la vida y para asegurar un nivel de vida adecuado".-En la resolución aprobada por dicha Asamblea, que lleva como título:"EL DERECHO HUMANO AL AGUA Y EL SANEAMIENTO", se reconoce la importancia de disponer de agua potable y saneamiento en condiciones equitativas como componente integral de la realización de todos los derechos humanos y en tal sentido se reafirmó la responsabilidad de los Estados de promover y proteger todos los derechos humanos, que son universales, indivisibles, interdependien tes y están relacionados entre sí y que deben tratarse en forma global y de manera justa y equitativa y en pie de igualdad y recibir la misma atención.- 

Por otro lado no puedo dejar de desconocer que el actor tiene setenta y cinco (75) años es decir es un adulto mayor y que el proceso no es sino un medio para la concreción de un derecho.- 

Y que la Constitución Nacional impone en su Art. 75° inc. 23, que en el caso de las acciones en relación a los ancianos y personas con discapacidad, se deben promover "acciones positivas" tendientes a la protección de sus derechos. 

En igual sentido la Constitución de la Provincia de Corrientes establece la obligación del Estado de garantizar a los adultos mayores la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce de los derechos reconocidos en la Constitución Provincial, la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales sobre DD.HH. 

Las 100 Reglas de Brasilia (Adoptadas por la República Argentina por el Bloque de Defensores Oficiales y con recomendación de aplicación a los máximos organismos jurisdiccionales de los países integrantes del MERCOSUR, como así también a los distintos Superiores Tribunales o Cortes de Justicia de las distintas Provincias en su implementación , conforme la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana celebrada durante el primer semestre de 2008 en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil) resultan de aplicación en los casos como el que nos ocupa, en que un adulto mayor se encuentra en situación de posible desprotección o fragilidad, buscando de este modo garantizar la eficacia de sus derechos y lograr así una igualdad real y no tan solo formal.En este sentido, se ha sostenido que la mayor presencia física de ancianos hace que tengamos que repensar su condición de sujeto de derecho, a fin de poder situarlo ante la ley realmente en igual posición que los demás. Esta aceptación también nos habla de fortalecer el reconocimiento de sus derechos a fin de que funcionen como verdaderos derechos subjetivos. A tal fin, la ancianidad debería ser calificada como una diferencia relevante, tanto a la hora de legislar como a la de sentenciar.- 

Recordemos en tal sentido que las Reglas de Brasilia disponen en el Capítulo I Preliminar, Sección 1° Finalidad 1). "Es importante destacar también que los destinatarios del contenido de las Reglas son.todos los operadores del sistema judicial y quienes intervienen de una u otra forma en su funcionamiento (regla 24), debiendo otorgar a las personas de vulnerabilidad un trato adecuado a sus circunstancias singulares (Capítulo I, Sección primera, punto 2)". 

Este documento que obligatoriamente debe ser aplicado en nuestros procesos conforme Acuerdo Ordinario N° 34/2010 del 21/10/2010 del Excmo. Superior Tribunal de Justicia, considera que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad aquellas personas que, por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentren especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. Entre las causas que pueden constituir vulnerabilidad considera la edad (Reglas 3 y 4) y a su vez encuadra a la ancianidad como grupo vulnerable, en atención a que establece que "El envejecimiento también puede constituir una causa de vulnerabilidad cuando la persona adulta mayor encuentra especiales dificultades, atendiendo a sus capacidades funcionales para ejercitar sus derechos ante el sistema de justicia" (Sección 2, punto 1,6)- (Conf.Dabove, María Isolina y Padilla, María del Carmen, "El Acceso a la Justicia de la Vejez, a la luz de las "100 Reglas de Brasilia", en Nogueira, Juan Martín y Chapiro, Hernán , Acceso a la Justicia y Grupos Vulnerables, A propósito de las Reglas de Brasilia, Ed. Librería Platense, La Plata, 2012 ,pp.146/147). 

El Estado Social de Derecho, no puede ser el producto de excesos rituales ante una parte vulnerable que evidentemente intenta hacer valer sus derechos. 

A ese criterio de interpretación estoy obligado por el control de Constitucionalidad y Convencionalidad como Magistrado integrante del sistema interamericano de DD.HH. Y es responsabilidad del Estado, incluido el Poder Judicial, su cumplimiento (ver entre otros, fallo de la Corte Interamericana de Justicia, "in re" "furlan y Familiares vs. Argentina", donde el máximo tribunal americano sobre Derechos Humanos dijo: "La Corte ha señalado que, en los términos del artículo 25 de la Convención, es posible identificar dos responsabilidades concretas del Estado. La primera, consagrar normativamente y asegurar la debida aplicación de recursos efectivos ante las autoridades competentes, que amparen a todas las personas bajo su jurisdicción contra actos que violen sus derechos fundamentales o que conlleven a la determinación de los derechos y obligaciones de éstas. La segunda, garantizar los medios para ejecutar las respectivas decisiones y sentencias definitivas emitidas por tales autoridades competentes., de manera que se protejan efectivamente los derechos declarados o reconocidos. El proceso debe tender a la materialización de la protección del derecho reconocido en el pronunciamiento judicial mediante la aplicación idónea de dicho pronunciamiento". 

En el escrito postulatorio de la acción se pretendía la total reparación de la cloaca del domicilio del accionante sin costo alguno para su parte. Durante la sustanciación del proceso tal servicio fue reparado según da cuenta el Reclamo Técnico N° C 00108947 que en original se halla reservado en Secretaría y tengo a la vista en este acto.Y tanto es así, que la Señora Juez de grado al dictar la sentencia hoy en crisis condenó únicamente a la empresa demandada a hacerse cargo de los gastos que originó la total reparación de la red cloacal en cuestión. Es decir que la propia empresa demandada ha reconocido el derecho del actor, lo que implica también a mi criterio un allanamiento a las pretensiones del demandante.- 

De modo tal que la única cuestión a dirimir en este caso es si el actor debe soportar los costos de la reparación ya efectuada por la empresa demandada, no sin antes determinar con precisión cual es el ordenamiento jurídico aplicable ya que ello fue también objeto de crítica por el recurrente. 

La Ley de Defensa del Consumidor, Ley 24.240 (con las modificaciones introducidas por la Ley 26.361) deviene de indudable aplicación, tal como acertadamente lo hiciera la sentenciante de grado, pues siempre que hay un consumo final, la misma es aplicable (Conf. Lorenzetti, Ricardo Luis. Tratado de los Contratos, T. I, Edit. Rubinzal Culzoni. Sta. Fe. 1999, p. 155). Es decir que estamos en presencia de una norma de orden público económico que está constituido en definitiva, por las reglas o principios básicos con arreglo a los cuales en un momento dado aparece organizada la estructura y el sistema económico de la sociedad. El objeto protegido por la noción de orden público, resulta una serie de reglas mínimas y esenciales para la convivencia armónica de la comunidad y se extiende hoy a ciertos principios básicos de la actividad económica que integran lo que se denomina el "orden público económico". Por tanto, se designa con dicha expresión aquellos principios organizadores de la actividad económica de un país a los que su ordenamiento jurídico atribuye eficacia normativa. (Conf. Carranza Torres Luis - Rossi Jorge O. Derecho del Consumidor. Edit. Alveroni, Córdoba, 2009, pp.17/19). 

Se establece en dicha norma con total claridad que será consumidor "toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita u onerosa como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social" (Art. 1°). Por otra parte, los contornos del proveedor, quien constituye la otra parte de la relación de consumo se hallan definidos en el Art. 2° de la ley en cuestión donde se hace referencia a todo el sector oferente de productos y servicios en la medida que se realice en el marco de una relación de consumo, en el caso distribuyendo y comercializando servicios (Conf. Mosset Iturraspe - Wajntraub. Ley de Defensa del Consumidor. Edit. Rubinzal Culzoni. Sta. Fe. 2010, pp. 38/49).- 

Dicha ley legisla en el Capítulo VI acerca de los "Usuarios de servicios públicos domiciliarios" (Arts. 25 y ss.). Es sabido que actualmente la gran mayoría de los servicios públicos se encuentran en manos privadas, por lo cual la relación entre usuarios y empresas prestatarias de tales servicios ha adquirido una nueva dimensión. Podría definirse al servicio público como toda aquella actividad prestada por entidades u órganos públicos o privados, para dar satisfacción en forma regular y continua a cierta categoría de necesidades de interés general, con sujeción a un régimen de derecho público o mixto. En tanto en su Art. 29 se cita como ejemplos de servicios públicos a los servicios de energía, combustible, comunicaciones y agua potable, de manera meramente enunciativa. 

Ninguna duda cabe que el caso encuadra dentro de los servicios públicos que contempla esta ley pues se trata de un servicio que llega en forma contínua y permanente a los domicilios (Art. 30); la prestación se hace mediante instalaciones específicas o artefactos (Art. 28); y el precio se fija en una tarifa referenciada (Art. 31) cuyo importe se consigna en una factura impresa, a pagar en fechas ya fijadas de antemano. - 

Precisamente, la norma en cuestión en su Art.25 dispone que los servicios públicos domiciliarios con legislación específica y cuya actuación sea controlada por los organismos que ella contempla, serán regidos por esas normas y por la presente ley. En caso de duda sobre la normativa aplicable, resultará la más favorable para el consumidor. Es decir que el texto actual del artículo citado significa una profunda modificación con respecto al anterior régimen donde en estos supuestos la LDC se aplicaba supletoriament e. (Conf. Carranza Torres -Rossi. Op. cit., pp. 199 y ss.). 

Debemos entonces analizar la normativa que a criterio del quejoso debió ser aplicada, esto es el Reglamento para las Instalaciones Sanitarias, Domiciliarias e Industriales -Decreto N° 4026/83. No puede desconocerse que en el mismo se contempla que las conexiones de agua corriente y cloaca de cada inmueble serán a cargo del propietario y que es deber de éste cuidar las instalaciones en funcionamiento en perfecto estado y en el caso de cloacas, cuidar que estas solo se empleen para la conducción de líquidos y materias que no puedan dañarlas ni obstruirlas y que todos los artefactos, cañerías y accesorios se conserven perfectamente limpios, en buen estado y libre de obstrucciones.- 

Ahora bien, es menester analizar el material probatorio rendido a efectos de determinar si el accionante ha incumplido los deberes y obligaciones a su cargo pues si así fuere, resultará aplicable el decreto mencionado precedentemente y en caso de dudas, deberá estarse por las disposiciones de la Ley de Defensa del Consumidor tal como ésta lo dispone en su Art.25, pues siendo una norma nacional de orden público no podrá ser soslayada por el decreto de referencia. 

Y a tal efecto debemos comenzar por tener en cuenta que la accionante invoca que la obstrucción del servicio cloacal de su domicilio se produjo como consecuencia del crecimiento de la raíz de un árbol en tanto la demandada aduce que ello se debió al mal uso que se hizo de las instalaciones.- - 

De manera liminar debo señalar dando respuesta a la puntual queja que alude a la falta de valoración integral del material probatorio rendido en autos, que es sabido que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las pruebas arrimadas a la causa sino solo aquellas que se estimen conducentes para sustentar la solución que se habrá de propiciar. Así, puede omitirse el examen de aquellas diligencias que se conceptúen innecesarias para el fallo o las que se reputen ineficaces (Cám.Civ. 1, J.A. T. 36, p. 94; L.L. T. 6, p. 519; T. 75, p. 119). Incluso es más, ni siquiera su análisis incompleto puede fundar la nulidad de la sentencia ya que es suficiente que esta contenga el examen de las que el Juez conceptuó pertinente para resolver la litis (Cám. Com. 2. Cap. L.L. t. 36, p. 668.; Conf. Alsina. Tratado. T. IV. p. 82).- 

Luego, tal como expresamente consagra el art. 377 segundo párrafo del CPCC: ".Cada una de las partes deberá probar el presupuesto de hecho de la norma o normas que invocare como fundamento de su pretensión.". 

En el caso en análisis, ambas partes estuvieron de acuerdo en la existencia de una obstrucción en la red de servicio cloacal, ergo, es un hecho que no necesita ser probado. Luego, cada una de ellas adujo una causa diferente. La accionante no ofreció prueba tendiente a demostrar el hecho invocado más que la documental que acompañó al iniciar la demanda. Por su parte, la demandada ofreció -y acompañó- prueba documental, testimonial y de informe.La documental consiste en constancias que dan cuenta de los reclamos técnicos efectuados. La única prueba testimonial rendida -ya que desistió a fs. 85 de los dos restantes testigos propuestos- obra agregada a fs. 84 y se trata de la declaración del Sr. Raúl Eduardo Arana, quien manifiesta ser dependiente de la empresa demandada y nada aporta acerca de la causa de la obstrucción en cuestión pues se limita a efectuar un relato de los reclamos que se realizaron por parte de la accionante y de las condiciones que le fueron impuestas para su reparación, en cuanto a los costos de la misma. La restante prueba producida -informativa- solo da cuenta de la normativa que dicha parte considera aplicable, esto es el Decreto N° 4026/83 mencionado al contestar la demanda. 

Más allá de la profusa doctrina y jurisprudencia que en materia de derechos del consumidor viene sosteniendo que la prueba deberá ser llevada a cabo por quien se encuentre en mejores condiciones, la última reforma legal pretendió evitar malos entendidos al ordenar que "los proveedores deberán aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder, conforme a las características del bien o servicio, prestando la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida en el juicio". (Conf. Mosset Iturraspe - Wajntraub. Op,cit. p. 283).- 

De modo tal que si la obstrucción se debió al mal uso que de las instalaciones cloacales se hizo -como adujo la empresa prestataria del servicio- es una cuestión que debió probarse en autos. En el caso, dentro de los límites cognoscitivos del procedimiento adoptado, la demandada no probó fehacientemente que la obstrucción en la red cloacal detectada le era imputable a la parte actora, supuesto éste en que devendría de inobjetable aplicación el Decreto N° 4026 tal como pretende el recurrente. Por tanto, existiendo dudas acerca de la causal esgrimida, debe estarse necesariamente a favor del consumidor. 

Así lo sostiene la jurisprudencia:"En relaciones de consumo, toda interpretación de la ley o del contrato, debe hacerse a favor de la parte más débil de la relación, lo cual hoy está avalado no sólo por el art. 42, Constitución Nacional sino además por los arts. 3 y 37, Ley 24240, normas operativas cuya vigencia resulta indiscutible" (López, Juan José vs. Inmobiliaria Alborada S.R.L. s. Juicio ordinario Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Formosa, Formosa; 14-jun-2013; Rubinzal on line; RC J 15990/13); "La protección al consumidor se asienta sobre el principio del "favor debilis", por lo que la categoría de sujetos involucrados, supera el mero adquirente de bienes, extendiéndose a aquellos en los que la relación jurídica se desenvuelve entre quienes ofrecen una contratación masiva, por un lado, y un individuo débil en el otro extremo."(Rafaelli Lainati, Ariel vs. Banco Francés S.A. s. Daños y perjuicios Juzgado de Distrito en lo Civil y Comercial 12ª Nominación, Rosario, Santa Fe; 26-feb-2003; Rubinzal on line; RC J 679/04). entonces de aplicación el Art. 30 LDC en cuanto prescribe que cuando la prestación del servicio público domiciliario se interrumpa o sufra alteraciones, se presume que es por causa imputable a la empresa prestadora. Dispone además que efectuado el reclamo por el usuario, la empresa dispone de un plazo máximo de treinta días para demostrar que la interrupción o alteración no le es imputable. No habiendo cumplido con tal carga probatoria en estos autos, debe necesariamente soportar los gastos que la reparación efectuada ha generado.Proceder en contrario significaría priorizar la posición dominante de una de las partes en sacrificio del principio de la buena fe. 

El agravio por tanto debe ser descalificado. 

Atento a la conclusión a que arribo, al considerar ajustado a derecho el pronunciamiento dictado por la sentenciante de grado, concluyo también en que las costas fueron impuestas correctamente a la demandada vencida por aplicación del principio objetivo de la derrota al haberse opuesto a la pretensión de la actora y por tanto, el agravio en tal sentido tampoco debe ser estimado.- 

7.- Por las razones expuestas debe rechazarse el recurso de apelación interpuesto, manteniéndose firme la sentencia recurrida, con costas en esta instancia también al apelante vencido. - 

8.- Por razones de economía procesal, corresponde también fijar los honorarios del Dr. Carlos Jorge Lopez -h- , único profesional que desempeñó labor ante esta Alzada, disponiendo que los mismos se fijan en el 30% de los que se tarifen por la labor de Primera Instancia, adicionándose al monto resultante el porcentaje correspondiente al I.V.A. en razón de la condición de Responsable Inscripto ante la A.F.I.P. acreditada según constancias de fs. 137 y con más el interés para el supuesto de mora que también se fije en Primera Instancia.ES MI VOTO. 

A LA MISMA CUESTION EL SEÑOR VOCAL DOCTOR DIEGO ROSENDO MONFERRER dijo: Que por compartir los fundamentos y la conclusión a que arriba el distinguido vocal preopinante, adhiero a los mismos y voto en idéntico sentido. 

Con lo que se dio por terminado el Acuerdo, pasado y firmado ante mí, Secretario, que doy fe. 

CONCUERDA: Fielmente con sus originales obrantes a fs.01/05.del PROTOCOLO DE SENTENCIAS de esta EXCMA. CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL - SALA IV, firmado por los Dres. CARLOS ANIBAL RODRIGUEZ y DIEGO ROSENDO MONFERRER. Ante mí: Dr. ALEJANDRO DANIEL MARASSO.Abogado Secretario. 

CORRIENTES, cinco (05) de febrero de 2014. 

S E N T E N C I A : 

Corrientes, cinco (05) de febrero de 2.014.- 

Por los fundamentos que instruye el Acuerdo precedente, SE RESUELVE: 1º) RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto a fs. 111/113 y en su mérito, confirmar la sentencia recurrida N° 26 del 03 de abril de 2013 obrante a fs. 105/107. 2°) COSTAS en esta instancia al apelante vencido. 3°) REGULAR los honorarios profesionales del Dr. Carlos Jorge Lopez -h- , por la labor cumplida ante esta Alzada en el 30% de los que se tarifen por la labor de Primera Instancia, adicionándose al monto resultante el porcentaje correspondiente al I.V.A. en razón de la condición de Responsable Inscripto ante la A.F.I.P. acreditada según constancias de fs. 137 y con más el interés para el supuesto de mora que también se fije en Primera Instancia. 4°) INSERTESE copia, regístrese, notifíquese y consentida, vuelva al Juzgado de origen.