En la ciudad de Río Cuarto, a los trece días del mes de Diciembre de dos mil diez, se reunieron en acuerdo público los señores vocales de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de Segunda Nominación de la Segunda Circunscripción Judicial, por ante mí, Secretaria autorizante, a efectos de dictar sentencia en los autos caratulados: "GALFRÉ, HAYDEE ELSA c/ MARCELO BELLA - ABREVIADO" (Expte. N° 23-Letra G-Año 2008), elevados en apelación del Juzgado de Primera Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial de esta ciudad, a cargo de la Dra. Sandra E. Tibaldi de Bertea, quien mediante Sentencia Número Treinta y cinco (fs. 233/239), dictada con fecha treinta y uno de marzo de dos mil ocho, resolvió: "1ro) Rechazar la demanda incoada por parte de la Sra. Haydee Elsa Galfré en contra del Sr. Marcelo Bella.- 2do) Imponer las costas del presente a la actora vencida.- 3ro) Regular los honorarios provisorios de los Dres. Roberto Birri y Francisco Varela Geuna, en un cincuenta por ciento (50%) para cada uno de ellos, en la Suma de Pesos . ($ .).- 4to) Regular los honorarios de la Perito Tasadora Oficial, Sra. Marisa Sánchez de Caminal, en la Suma de Pesos Trescientos ($ 300).- Protocolícese.". 

El Tribunal se planteó las siguientes cuestiones a resolver: 

1era.) ¿Es procedente el recurso de apelación deducido por la parte actora? 

2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? 

De conformidad al sorteo de ley practicado, se estableció que el orden para la emisión de los votos es el siguiente: señores Vocales José María Ordoñez, Daniel Gaspar Mola y Horacio Taddei. 

A LA PRIMERA CUESTION el señor Vocal José María Ordoñez dijo: 

I)- Breve relación de la causa. 

El fallo venido en apelación contiene una relación de la causa que satisface los recaudos exigidos por nuestra ley ritual (art. 329 , CPCC), por lo que en este punto me remito a él en honor a la brevedad.Resta por decir, para completar la misma, que interpuesto por el apoderado de la actora el recurso de apelación a fs. 241, el mismo fue concedido a fs. 242. Elevados los autos y radicados ante este tribunal de alzada, corrido que fue el traslado al apelante para expresar agravios, lo contestó por intermedio de su apoderado en juicio a fs. 259/265, solicitando a su través que se revoque la sentencia y que se haga lugar a la demanda, con costas. Ofrece prueba documental. Ordenado traslado a la contraria, lo evacuó su apoderado a fs. 269/270, pidiendo la confirmación de la resolución recurrida, con costas, y oponiéndose a la prueba. A fs. 275/277 obra el Auto Interlocutorio Número Ciento cincuenta y cinco, de fecha veintinueve de junio de dos mil nueve, por el que se resuelve desestimar el ofrecimiento de prueba de la actora. Dictado el decreto de autos a estudio (fs. 281), firme y consentido el mismo, quedó de tal forma la causa en condiciones de ser fallada. 

II)- Agravios de la actora. 

Que contra la sentencia cuya parte resolutiva fuera objeto de transcripción en el encabezamiento, la parte actora se alzó en apelación planteando básicamente los agravios que aquella le ocasiona en los términos que se compendian a continuación: 

Luego de efectuar una reseña de lo actuado y achacar a la sentencia vicios de fundamentación lógica y fáctica, arbitrariedad, incongruencia y otros, concreta su queja la apelante sosteniendo que la a quo, por el principio "iura novit curia", introduce un hecho nuevo y estudia si la actora es o no comerciante, llegando a la conclusión de que se trata de un contrato civil y no comercial, y que haber mencionado lo de su actividad comercial fue para justificar lo oneroso del contrato de guarda o depósito de la lancha. Destaca que la realidad es que si en la demanda se mencionó la calidad de comerciante de la actora es porque así lo es.Añade que debido a no haberse cuestionado este tema en la causa entre las partes, no requería de prueba la calidad de comerciante. Acompaña prueba documental con la que pretende acreditar dicho extremo. 

Se deben descartar, dice, los dichos del demandado de que existió un comodato o préstamo de uso que jamás fue probado, que la lancha siempre estuvo en el garaje bajo la guarda celosa y diligente de la actora. Que se acreditó que el demandado es el propietario de la lancha y que la misma permanece desde el 1° de abril de 1996 en el garaje de propiedad de la actora, y que nunca se abonó suma alguna por el servicio de garaje, no existiendo razón alguna para brindar al demandado en forma gratuita el servicio de garaje, mediando un contrato verbal y oneroso. La sentencia adolece de errores de juzgamiento al considerar gratuito un contrato cuando no hay prueba de ello ignorando la carencia de pruebas de la demandada y su trascendencia, además de representar un enriquecimiento indebido. Pide por todo ello se revoque la sentencia y se haga lugar íntegramente a la demanda.Cita doctrina y jurisprudencia relacionada con el contrato de garaje y con el principio de buena fe que debe imperar en los contratos, a lo cual cabe remitir. 

III) Contestación. 

Que al responder los agravios, la parte demandada esboza primeramente una descalificación al escrito por el que se funda la apelación, pasando luego a refutar aquellos y, defendiendo el fallo por los motivos que esgrime - a los que me remito -, solicita en definitiva la confirmación del decisorio, con costas 

V)- La solución. 

V.1.) Del pedido implícito de deserción del recurso formulado por la apelada. 

Atento a que al contestar el traslado de los agravios de la demandada, la parte recurrida estima que el escrito por el que se funda el recurso no constituye una crítica concreta y razonada contra la resolución, implicando ello una solicitud implícita de que se declare la deserción del recurso, se impone primariamente tratar este asunto, efectuando el pertinente juicio de admisibilidad formal pues, como lo tiene resuelto este tribunal en numerosas oportunidades, ante una petición expresa en tal sentido, se encuentra en la necesidad de expedirse al respecto (conf. VENICA, Oscar Hugo: "Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba - Ley 8465. Comentado. Anotado. Concordancias. Jurisprudencia", Ed. Marcos Lerner, Cba. 1999, T. III, pág. 460), sin perjuicio de señalar también que dicho análisis puede y debe ser abordado por este tribunal de grado toda vez que, como custodio final de su competencia, le corresponde determinar si, efectivamente, el escrito presentado por la parte apelante constituye una expresión de agravios en el sentido técnico que a la misma se asigna para el cometido que se propone (conf. "Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba", Director FERRER MARTINEZ, Advocatus, sobre el tema: FONTAINE, T. I., pág.709). 

Que, ello sentado y sin dejar de tener presente que la casuística es sumamente variada, y con matices propios de cuestiones de hecho que muchas veces requieren de la apreciación y valoración por el tribunal, esta Cámara reiteradamente ha sostenido en sus pronunciamientos que siempre que sea posible abordar el asunto y resolverlo, cuando se advierta que medianamente existe una crítica a las conclusiones a que arribara la sentencia, la garantía para el ejercicio del derecho de defensa exige - y merece - que la instancia revisora quede expedita, debiendo dejarse para casos extremos, es decir para cuando no queden dudas que el embate no reúne los requisitos indispensables que debe contener una expresión de agravios, aquella posibilidad de declarar la deserción del recurso (en igual sentido: VENICA, ob. y pág. citadas). Lo dicho, claro está, sin perjuicio del análisis de cada uno de los aspectos que conforman la apelación, según lo que más abajo se dirá con relación a los mismos. Y sin que ello obste, además, a poner de resalto que en materia recursiva, el tribunal de alzada se encuentra compelido a expedirse únicamente - en virtud de la competencia funcional asignada por la ley - por aquellos puntos que la parte apelante expone en su escrito de expresión de agravios (arg. art. 356, primera parte , CPCC), de modo tal que cualquier consideración y conclusión del pronunciamiento que no haya sido adecuadamente rebatida, queda inexorablemente consentida y fuera de la órbita de conocimiento de la Cámara, incluso aunque aquellas no se compartan, so pena de incurrir en incongruencia (cfme. VENICA, ob. cit. T. III, p.403 y sus citas). Ello habilita a que, eventualmente, pueda llegar a declararse la deserción parcial del recurso. 

Que en el presente, y sin emitir juicio de valor sobre las cualidades técnicas del escrito recursivo (por no corresponder, al menos para estos preliminares fines), surge claro que la apelante se queja con relación a la decisión adoptada por la juez del grado inferior por no haber considerado que la calidad o el carácter de comerciante de la actora no era un hecho controvertido que debiera probar su parte, a la par de que la contraria no probó los extremos por ella invocados, entre otras consideraciones que ya han sido suficientemente reseñadas, pretendiendo en síntesis, que la resolución sea revocada por la Cámara conforme con la postura que sustenta. 

Ello así, sobre dicha base argumental y los postulados generales antes transcritos, no puede soslayarse que al tiempo de analizar los requisitos de admisibilidad formal del recurso lo que debe tenerse en cuenta es la existencia de crítica y no su acierto, el cual, de habilitarse la instancia, será objeto de evaluación a los fines de determinar si cabe revocar la resolución apelada, como se pretende, o por el contrario disponer su confirmación, empero ello se corresponde con un segundo nivel de examen que supone el abordaje acerca de la fundabilidad o de procedencia sustancial del recurso deducido. Por consiguiente, entiendo que la pretensión recursiva, no sin cierta flexibilidad y esfuerzo según se verá, puede habilitarse desde el punto de vista formal. 

Corres ponderá abordar el análisis del recurso desde el punto de vista de su procedencia o improcedencia sustancial, a lo que me abocaré de seguido. 

V.2.) La cuestión de fondo. 

El primer, y prácticamente único, agravio que el apelante desarrolla se encuentra dado porque, por vía del principio "iura novit curia", la Juez a quo concluyó en que no se encontraba acreditada la calidad de comerciante de la actora.Ello así, toda vez que no surge del análisis de la pieza procesal que contiene la expresión de agravios que el apelante haya levantado una sola queja acerca de los fundamentos que la primer juzgadora volcara en la resolución puesta en crisis. 

Esto es: del estudio que allí se hizo acerca de las figuras jurídicas involucradas en el caso: depósito civil y comercial. Solamente se limitó el recurrente a realizar afirmaciones apodícticas y a citar doctrina y jurisprudencia relativa al "contrato de garaje", sin elaborar una crítica hacia las razones brindadas en el fallo, sus conclusiones y la oposición de las mismas con tales citas, a fines de que la contraria - primero - pueda contradecirlas, y el tribunal - después - proceda a evaluarlas. Es decir, demostrar su correspondencia con el caso de autos en vez de transcribir sumarios de fallos o doctrina sin dar las explicaciones correspondientes. 

No obstante ello, tampoco tiene andamiaje jurídico aquél extremo denunciado. En tal sentido, y como lo anticipé, el apelante da como incondicionalmente cierto el carácter de comerciante de la actora afirmando que si se hizo mención a ello en la demanda es "porque así lo es" (sic), olvidando olímpicamente que esa circunstancia constituye la base (contrato de depósito) de la pretensión que esgrime (cobro del precio). 

En primer lugar se impone dejar claramente establecido que la parte actora, al demandar, expresó textualmente que: ".dentro de mi actividad comercial poseo un galpón el cual es utilizado como depósito y lugar techado para guardar una lancha." (ver fs. 3, punto II, "Hechos", el destacado me pertenece). 

Por su lado el demandado, al contestar la demanda (ver fs. 115), y luego de la negativa general de rigor, manifestó acerca de esta afirmación lo siguiente: ".No es cierto que Galfré tenga como actividad comercial el de cochera o depósito de rodados.". Va de suyo que esta forma de responder cumple satisfactoriamente la carga procesal que emana de lo prescripto por el art.192, 1ª. parte , del CPCC, en tanto importa una negativa categórica a aquella afirmación de la demanda antes transcripta. 

Es por ello que no puede el apelante ignorar que tal situación (ya sea la calidad de "comerciante" en general, o la "actividad comercial" de "depósito" en particular), no haya sido negada como lo pretende hacer ver ante esta instancia. Nada más absurdo, pues claramente esa negativa categórica se ha producido de la forma en que ha quedado dicho con solo pasar lectura a los escritos de demanda y contestación. 

Y tal como aconteció en la causa (afirmación-negación respecto de un hecho), al haber sido controvertido, debe ser objeto de prueba (arg. art. 198 , CPCC), más allá de la facultad de las partes de producir prueba respecto de otros hechos que no hayan sido alegados, según el sistema de libertad probatoria que rige en nuestro código del rito (arg. art. 200 , CPCC). 

Por lo tanto, deviene absolutamente inconsistente la queja formulada por el apelante contra este aspecto del fallo. La calidad de comerciante de la actora o su actividad comercial, para el caso es lo mismo, resulta - como bien lo apuntó la a quo - un dato relevante y para nada menor en el asunto. No ha existido en consecuencia la introducción de ningún hecho nuevo como intenta hacernos ver la parte recurrente. El agravio se desvanece sin necesidad de mayores consideraciones atento las evidencias expuestas. 

En segundo término, hay que señalar que la juzgadora acude al principio "iura novit curia" en virtud de esa negativa, avalada por los propios extremos (hechos) propuestos por la actora, pues ha sido ella quien instaló al contrato de depósito como relación jurídica habida entre las partes, en tanto que el demandado refirió a un préstamo de uso o comodato por la lancha en cuestión. Ello surge claramente también de los dichos de demanda y contestación en punto a los hechos.Y al no haber acuerdo en orden a la naturaleza de la relación, ello obligó a la a quo a desentrañar el verdadero alcance de la misma en virtud de los deberes y atribuciones que tienen los jueces de subsumir los hechos en el derecho que estimen aplicables en cada caso, no obstante la errónea o insuficiente expresión del derecho exigida por el art. 175 inc. 4°  del CPCC (conf. VENICA, ob. cit., T. II, p. 223), lo cual armoniza con el principio de congruencia de las resoluciones judiciales (aut. y ob. cit., T. III, p. 214). 

Muy por el contrario a lo expuesto, quien no parece haberse conducido correctamente por ese sendero, haciendo abstracción de este último principio, ha sido la parte actora apelante, pues mientras en la demanda sostuvo puntualmente la existencia de un depósito, asignando a los hechos relatados esa consecuencia jurídica determinada, aquí, en la Alzada, ingresa como novedosa "causa petendi" que lo habido en autos es un contrato de garaje, contrariando de tal manera lo dispuesto por el art. 332, 1ª. parte , del CPCC. 

Es por ello que no puede reprocharse a la Juez a quo que haya sometido la cuestión a dilucidar bajo los propios términos en que fue planteado el asunto por la actora. Repárese que ha sido ella misma la que instaló en el proceso, como causa de pedir o fundamento de la pretensión, el depósito. Y en ese cauce lo analizó la sentenciante. 

Como reiteradamente lo tiene dicho este Tribunal, ".lo que se dictamine en tal metier, de ninguna manera implicará transgredir el principio de congruencia receptado en el art. 330 del C.P.C.C. (ni por ende una violación al derecho de defensa en juicio), desde que a la luz de lo dispuesto por el primer párrafo del art. 327 y lo preceptuado por el subsiguiente art.328 de dicho plexo legal, no se hace otra cosa que encuadrar la situación de hecho denunciada con la demanda en la normativa jurídica correspondiente, en pos de acordarle una correcta solución, o, dicho en otros términos, encauzar jurídicamente la procedencia de la pretensión accionable a sus justos límites, dentro del marco normativo vigente en la que se encontraba inmersa, y acordarle una solución. Se ha expresado en ese sentido que el tribunal de alzada no se encuentra compelido ni limitado a seguir la calificación jurídica de los hechos de la causa que puedan haber sostenido el primer juzgador y las partes, toda vez que es deber del tribunal adecuar la pretensión esgrimida a la norma jurídica que rija en la especie. Ello por el ejercicio del principio iura novit curia, el cual importa, en pocas palabras, la tarea de subsumir la causa de pedir en la formulación jurídica que corresponda, sin que por ello se altere el principio de congruencia de la resolución que se adopte. No obstante que el juzgador en su decisorio sólo puede hacer mérito "de los hechos" invocados tanto en la demanda como en su contestación, dicha limitación no opera en lo tocante "al derecho aplicable", lo que resulta ser de su exclusiva incumbencia al tiempo de fallar la causa aunque las partes no lo hayan invocado o lo hayan hecho incorrectamente, determinando así la norma legal que resulte asignada al caso concreto, o bien interpretando el ordenamiento jurídico en el que se encuentra subsumido, en pos de acordar, a partir del mismo, una ajustada solución a las cuestiones planteadas en el proceso (para mayor ilustración, ver Vénica. "Código Procesal Civil y Comercial.", Ed. Marcos Lerner, Cba., 1999, T. III, pág. 191 y sig. y pág. 213 y sig., en comentario a los arts. 327 y 330 del C.P.C.C. del C.P.C.C. citando fallos del TSJ; Azpilicueta - Tessone, "La Alzada, Poderes y Deberes", Ed. Lep, La Plata 1993, pág. 193 y sig.y jurisprudencia citada)." (conf. Sent. Nro. 30 del 19.04.2010, in re: "Azcurra, Claudio Ariel c/ Ana Hilda Muo - Dda. Ds. y Ps. - Expte. A-2-2009" , entre otros). 

En función de ello, concluyó la a quo, luego del examen de la prueba rendida, que no ha sido mucha ni eficaz a los fines perseguidos según ha dado cuenta la resolución bajo crisis, y no se han levantado puntuales quejas al respecto por el apelante, vale destacarlo, que si se trataba del contrato de depósito regulado en el Código Civil, y tal como lo prescribe el art. 2182, el mismo se considera gratuito, sin que quepa hacer excepción a la gratuidad allí establecida aún cuando existiere un ofrecimiento de remuneración del depositante (conf. art. 2183 , CC); y si se pactó un precio (lo que no resultó acreditado en autos), será otro contrato (vg.: locación, contrato innominado), pero no depósito como se arguyó. 

Con prescindencia de tan categórica afirmación, la cual le asigna carácter gratuito al depósito civil, habida cuenta que existe autorizada doctrina que predica que ello es así en principio, pudiendo pactarse una remuneración, en cuyo caso el contrato deviene oneroso (conf. BORDA, Guillermo A., "Tratado. Contratos., T. II, p. 633 y ss.), lo cierto es que debe al menos presumirse aquella calidad y que quien pretenda hacer valer este último carácter que puede asumir, debe acreditarlo idóneamente para desvirtuar esa presunción legal. 

La importancia de la actividad comercial invocada por la accionante, como bien lo puso de manifiesto la a quo, radica en que diversamente al depósito civil, el depósito mercantil se presume oneroso (conf. art. 573  C.de Com.), y ello es una diferencia sustancial, para lo cual correspondía dejar debidamente demostrada aquella actividad comercial o calidad de comerciante esgrimida en la demanda, porque esa circunstancia es dirimente a la luz d e los distintos regímenes y respecto de los diferentes alcances y efectos que uno y otro producen en la esfera de las relaciones habidas entre las partes (conf. LAFAILLE, H., "Curso de contratos", t. III, Nº 275 y 276; SALVAT, R. M. - ACUÑA ANZORENA, A., "Fuentes de las obligaciones", t. III, Nº 2376, citados por CIFUENTES, Santos, en comentario al art. 2183 del Código Civil, La Ley Online). 

Poco importa, entonces, que el demandado no haya acreditado de su parte la existencia del comodato o préstamo de uso respecto de la lancha. Lo relevante es que la actora no probó lo sostenido por ella al demandar como hecho constitutivo de su pretensión. Como enseña la doctrina, el litigante es libre de probar o no los hechos afirmados y controvertidos, pero de no hacerlo se expone a perder el litigio. De modo que la carga de probar es un imperativo o necesidad de su propio interés (conf. RAMACCIOTTI, Hugo, "Compendio de Derecho Procesal.", T. I, p. 534/535; C2a.CCCba., SJ n° 917, p. 321; C. Apel. Villa Dolores, LLC 1985-109; citados por VENICA, ob. cit. T. II, p. 320). 

De cualquier manera, y como lo sostuviera esta Cámara en el precedente antes citado, tampoco se configuraría en el caso el mentado contrato de garaje al que el apelante acude en pos de aliviar su postura procesal inicial. En efecto, en tal sentido se lo ha caracterizado y definido ".como contrato bilateral, consensual, oneroso, conmutativo y no formal.en que una parte, organizada profesionalmente para prestar un servicio de guarda de vehículos automotores, mediante un precio que percibe de otra, se obliga a facilitarle el uso de cierto o indeterminado espacio dentro de un local apropiado para ese efecto, por un lapso más o menos prolongado [ARGERI, Saúl, "Contrato de Garaje", LL 1980-D-1420], y cuyo objeto central, principal o básico precisamente es resguardar el bien que se estaciona en el garaje o playa, en el sentido de lograr su conservación y su incolumnidad frente a las contingencias del tiempo o hechos lesivos de terceros, durante su permanencia en dicho local." (conf. caso "Azcurra.", cit., el destacado me pertenece). 

A ello agrego, que tal como lo ha sostenido la Cámara Nacional Comercial en Pleno, entre muchas otras consideraciones a las que cabe remitir: ".la onerosidad propia del contrato y la profesionalidad y habitualidad del garajista en la prestación del servicio, lo colocan dentro de la esfera mercantil con una mayor analogía respecto del contrato de depósito comercial. Ya sea que se trate de quien explota un lugar de estacionamiento de vehículos en forma personal (arts. 1°  y 8° inc. 11  del Código de Comercio) o de quien hace profesión habitual de la prestación de servicios de custodia de automotores, organizado en forma de empresa (art. 8° inc. 5° del código citado), la relación jurídica que vincula al garajista con su cliente se regirá prioritariamente por las normas del Código de Comercio referidas específicamente al depósito "que se hace con un comerciante" (arts 572 a 579  )." (conf. CNCom., en Pleno, 27/08/2008, in re: "Tiebout, Juan Carlos c. Jivcovic, Gabriel y otro", publicado en LA LEY 2008-E-406, con nota de Eduardo L. GREGORINI CLUSELLAS; LA LEY 2008-E-573 y DJ 2008-II-1562; LA LEY 07/10/2008, p. 6 con nota de Magdalena B.GIAVARINO y en LA LEY 2008-F, 29 Colección Plenarios - Derecho Comercial Tomo II, 327, el énfasis es mío). 

De todo lo cual se desprende la relevancia que en el caso adquiere la calidad de comerciante o actividad comercial que debería haber demostrado la actora para hacer operativa en su favor la figura jurídica del contrato de garaje. 

Pero además, no puede dejar de llamar la atención que la conducta de la accionante no se compadece con la naturaleza del contrato que, recién en esta Alzada, invoca. Y esa actitud no es para nada indiferente, y comprende tanto aquella anterior al reclamo judicial como la que atañe al propio proceso. Me explico. 

Como ya hemos visto, el contrato de garaje se encuentra signado por su onerosidad, y aún cuando pueda participar de los caracteres que informan otros institutos con los que guarda semejanzas (Vg.: locación, depósito comercial), resulta inverosímil que recién más de cinco años después de producirse la "guarda" de la lancha se efectúe el reclamo de autos, cuando es sabido que, precisamente por su onerosidad, nadie deja pasar tanto tiempo sin efectuar siquiera un requerimiento a aquél que se lo considera deudor de una obligación de la del tipo que se esgrime. 

Las reglas o máximas de la experiencia (dimanadas del sistema de valoración de la prueba conocido como de la sana crítica racional -art. 327 , CPCC-), que están exentas de prueba y se estructuran por aquellos principios extraídos de la observación del corriente comportamiento humano en la realidad y que sirven para establecer una presunción o valorar las pruebas, importando conocimientos incorporados al patrimonio cultural del círculo social determinado (conf. VENICA, ob. cit. T. II, pág. 319/320; PALACIO, Lino, "Derecho Procesal Civil", Ed. Abeledo Perrot, T. IV, pág.415), realidad de la cual el juzgador no puede desentenderse en el plano de juzgar apropiadamente una cuestión, nos llevan a saber que tal actitud no se corresponde con la manera en que naturalmente, es decir de ordinario, se realizan este tipo de contrataciones y, particularmente, con la manera de cobrar por el servicio que la actora dice haber prestado. Este es el pensar de esta Cámara cuando de valorar las conductas de las partes se trata (en sentido semejante: Sent. Nro. 24 del 4/5/2009, in re: "Moyetta, Norberto Hugo c/ Cristian Ramón Cazorla - Abreviado (cobro de pesos) Expte.N°18/08"). 

Es que ello no luce razonable, pues de acuerdo con aquellas reglas, y salvando los típicos casos de las playas de estacionamiento (en donde se extiende un ticket o comprobante al momento del ingreso y se abona su precio al retirar un vehículo), nos indican que cualquier otro vínculo jurídico que se establezca, generalmente se paga anticipadamente a los períodos de guarda o uso de la cosa (como son los de locación, por ejemplo) o bien, a lo sumo y excepcionalmente, por períodos vencidos, empero de manera más o menos inmediata al cumplimiento de la prestación. 

A ello se le agrega la carencia de rendir prueba idónea y eficaz acerca de lo instalado como material de conocimiento en la dialéctica del proceso, por lo que también cabe hacer mérito de esa conducta o comportamiento procesal de las partes, entendida ya sea como un indicio, o como regla de valoración de la prueba o "elemento corroborante de las pruebas". Ello así, en tanto aparezca razonablemente vinculado con los hechos llamados a constituirse en objeto de la litis, en este caso indirectamente, por la singular forma en que las partes intervienen activa o pasivamente en los procedimientos judiciales, sea en pos de la estimación de sus pretensiones, sea en miras a la admisión de sus defensas (conf.KIELMANOVICH, Jorge L., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Lexis Nexis Abeledo Perrot 2006, Cita Online Lexis Nº 8007/004080; del mismo autor: "La conducta procesal de las partes y la prueba", LA LEY 2001-C, 1221; en sentido concordante: VENICA, ob. cit., T. III, p. 88 y ss., y sus citas). 

Por todo ello, soy de la opinión que los agravios no lucen sustentables, mereciendo por tanto la condigna desestimación, sin perjuicio de destacar, como hiciera alusión al principio, al analizar lo atinente a la deserción implícita del recurso, que por los numerosos fundamentos o motivos esgrimidos por la parte actora, y acogidos favorablemente en la sentencia tal como se ha visto, aspectos sobre los que el apelante no se hace cargo, ".cuando la resolución se encuentra afirmada en varios fundamentos, cada uno de ellos susceptible de sustentarla independientemente de los otros, el embate, para tener éxito, debe dirigirse contra todos, pues aún siendo válido el recurso parcial, el decisorio continuaría con suficiente motivación." (conf. VENICA, ob. cit., T III, p. 403, y sus citas en nota n° 9, con fallos del TSJ, entre otros). 

Voto por la negativa. 

A LA PRIMERA CUESTION los señores Vocales Daniel Gaspar Mola y Horacio Taddei dijeron: 

Que adherían al voto precedente. 

A LA SEGUNDA CUESTIÓN el señor Vocal José María Ordoñez dijo: 

I) Que de conformidad con el resultado obtenido de la votación a la anterior cuestión propuesta al Acuerdo, corresponde que se sentencie esta causa rechazándose el recurso de apelación deducido por la parte actora en todo cuanto fue motivo de agravio, y que se confirme la resolución recurrida en todas sus partes. 

II) Que las costas devengadas por el trámite ante la alzada se impongan a la apelante que resulta vencida, en virtud del principio objetivo de la derrota y no advertir razones que aconsejen su eximición (art. 130 , CPCC). 

Los honorarios del Dr.Roberto César Birri se dejan establecidos en el 40% del mínimo de la escala elevado en dos puntos porcentuales, a aplicarse sobre la base económica que se determine (suma reclamada y sus intereses a la fecha de la presente, arg. art. 29 inc. 2 , Código arancelario, ley 8226, aplicable en función de la vigencia temporal, según art. 125 , ley 9459), por encontrar esa estimación ajustada a derecho conforme a las pautas cualitativas y cuantitativas de la ley arancelaria aplicable (arts. 34, 36 y 37 , ib.). Debe aclararse que en ningún caso dicha regulación podrá ser inferior al mínimo minimorum fijado por la ley arancelaria por acto procesal (4 "jus" a su valor actual). Sin perjuicio del IVA que corresponda. 

Debe diferirse la regulación de honorarios del letrado de la actora, Dr. Marcos E. Collino, para cuando ello sea solicitado (arg. art. 25 "a contrario sensu", del CAAP, ibídem). 

Así voto. 

A LA SEGUNDA CUESTIÓN los señores Vocales Daniel Gaspar Mola y Horacio Taddei dijeron: 

Que haciendo suya la propuesta de resolución brindada por el señor Vocal de primer voto, adherían a la misma. 

Por el resultado del Acuerdo que antecede, y por unanimidad del tribunal; 

SE RESUELVE: 

I) Rechazar el recurso de apelación deducido por la parte actora, confirmándose la resolución de primera instancia. 

II) Imponer las costas a la recurrente, estableciendo que la regulación de honorarios del Dr. Roberto César Birri, se practique conforme a lo expuesto en la Segunda Cuestión. 

PROTOCOLICESE Y BAJEN.

Fallo provisto por Microjuris, en virtud del convenio con Diario Judicial.com